Cuestionamientos, comentarios de pasillo, otros no tanto y con las redes sociales de la región ardiendo en opiniones para atacar o para defender… Así está el ambiente desde que se acusó al Gobierno Regional de Los Ríos por malversación de más de 38 mil millones de pesos.
Fue el ex alcalde de Valdivia, Omar Sabat, el que hizo la acusación contra el Gobierno Regional a través de las redes sociales; sin embargo, el tema se venía arrastrando hace tiempo, tal como lo reconoció el propio gobernador regional Luis Cuvertino, nada menos que desde 2015.
Independiente de las acusaciones de Sabat, el tema ya había sido dado a conocer de forma oficial por la Contraloría General de la República, el ente gubernamental fiscalizador, en un informe fechado el 26 de diciembre de 2024.
La Contraloría detalla en su informe que se detectó que entre el 2021 y el 2023 –primer periodo de Luis Cuvertino-, el Gore de Los Ríos realizó transferencias a 764 entidades privadas sin fines de lucro, por un monto total de cerca de $31 mil millones.
Añade que el 66% de esos recursos se destinaron a sólo cinco entidades privadas, es decir, esos organismos recibieron más de $20 mil millones en tres años.
Dichos organismos son la Universidad Austral que recibió $6.250.710.215, la Corporación de Desarrollo Productivo de la región que percibió $5.270.855.349, la Fundación de Desarrollo Educacional La Araucana que recibió 3.530.000.000, la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile con $3.390.779.746 y la Corporación de Patrimonial Cultural de la Región de Los Ríos con $2.310834.984.
En total sólo a esas cinco entidades se ha entregado 20.753.180.295 pesos.
La Contraloría constató también que el Gore de Los Ríos no realizó gestiones para obtener las rendiciones de cuentas y recuperación de recursos transferidos a privados para el desarrollo de 660 proyectos, por un monto de más de 20 mil millones de pesos.
Igualmente comprobó que entre 2021 y 2023, no se requirieron las rendiciones de cuentas y restituciones de fondos de 89 proyectos financiados durante esos años, por un monto que supera los 400 millones de pesos.
Hace unos días el propio gobernador regional Luis Cuvertino salió a explicar la situación y enfatizó que los recursos que revisó la Contraloría no están perdidos y que se trata de iniciativas ya ejecutadas, cerradas técnicamente y rendidas por las entidades públicas y privadas.
El tema es que dichps recursos no fueron rebajados contablemente en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe).
La autoridad regional añadió que para subsanar estas rendiciones pendientes fue que se creó una comisión especial de rendiciones en la División de Desarrollo Social. Esta comisión, añadió Cuvertino, permitió una rebaja de las rendiciones pendientes del año 2020, 2021 y 2022.
También expresó que se encuentra en instalación la implementación de un software de trazabilidad interna para las iniciativas de inversión.
Así las cosas, siguen los rumores respeto a esta acusación de malversación, aunque queda en el aire la pregunta de si alguien hizo o no hizo su trabajo al interior del Gore, específicamente con las dudas contables entre 2021 a 2023.
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