Confirman prisión preventiva para ex subdirector del hospital de La Unión

Imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito consumado de malversación de caudales públicos.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la medida cautelar de prisión preventiva de José Rodrigo Martínez Escalona, exsubdirector administrativo del Hospital Dr. Juan Morey, imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito consumado de malversación de caudales públicos, dejando de lado la imputación inicial por los delitos reiterado de falsificación y uso malicioso de instrumento público. Ilícito que habría perpetrado entre enero de 2012 y abril de 2019, en la comuna de La Unión.

En fallo unánime (causa rol 627-2021), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada los ministros María Soledad Piñeiro Fuenzalida, Luis Aedo Mora y el abogado (i) Luis Galdames Bühler– rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Martínez Escalona en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de La Unión, que mantuvo sujeto a prisión preventiva al imputado.

“Atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por los intervinientes, se CONFIRMA la resolución apelada de fecha 8 de septiembre de dos mil veintiuno y, en consecuencia, se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva”, consigna el fallo.

Según sostuvo el ente persecutor en la audiencia de reformalización de la investigación, entre enero de 2012 y abril de 2019, Martínez Escalona y el coimputado en la causa, Andrés Carrasco Solís, se desempeñaban en el Servicio de Salud de Valdivia, como subdirector administrativo de la Dirección de Recursos Físicos y Financieros y como jefe del Subdepartamento de Contabilidad del Hospital Dr. Juan Morey de La Unión, respectivamente. Cargos que les daban acceso a manejar caudales públicos. En dicho contexto Martínez Escalona, con el consentimiento y concierto previo con Carrasco Solís, obtuvo cheques en blanco de la cuenta bancaria del centro asistencial, bajo el pretexto de efectuar pagos centralizados de gastos, los cuales, posteriormente, eran girados a su nombre, logrando de esta forma sustraer dineros fiscales por un monto de $1.448.261.661.