Revisan funcionamiento de servicios públicos del Ranco en contexto de pandemia

En reunión encabezada por el Gobernador Alonso Pérez de Arce, instituciones públicas plantearon avances y desafíos en lo que resta del 2020.

Una sesión plenaria virtual para profundizar las coordinaciones de los servicios públicos presentes en la provincia del Ranco, y la revisión de su funcionamiento en el marco de la pandemia, realizó el Gobernador provincial Alonso Pérez de Arce junto a directivos y encargados regionales y provinciales de los distintos servicios públicos.

Dicha sesión se llevó a cabo en el marco del Comité Técnico Asesor, CTA, principal instancia de coordinación y asesoría de la gestión territorial, en base a la ejecución de las políticas públicas del Gobierno, por parte de los servicios del Estado. El CTA es conformado por las instituciones públicas con asiento en la provincia, donde se analiza y evalúa el trabajo realizado en sus correspondientes áreas y las líneas de acción definidas para el año.

La autoridad provincial informó que la sesión plenaria virtual del CTA, permitió revisar los principales aspectos y avances de cada estamento, en el contexto de la pandemia, y también desde la agenda anual comprometida por cada servicio. En ese sentido, el Gobernador Pérez de Arce enfatizó que: “nuestra prioridad como Gobierno es proteger la salud de la población y también la salud de los funcionarios, y para ello hemos velado por el funcionamiento y la atención de los servicios que tienen asentamiento provincial, cuidando las normas vigentes establecidas por la autoridad sanitaria. Así también repasamos los avances en la labor de cada servicio, de acuerdo a su agenda anual de trabajo, cobertura e impacto territorial”.

Entre las instituciones convocadas destacaron el Centro de la Mujer, la dirección provincial de Educación, las oficinas provinciales de CONAF, Tesorería General de la República, SERVIU, Autoridad Sanitaria, Vialidad y Bienes Nacionales; además del Centro Provincial de Apoyo a Víctimas, dependiente de la subsecretaría de prevención del delito;  representantes de los hospitales de La Unión y Río Bueno y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.