Seremi de Desarrollo Social informó plazos de nuevo Ingreso Familiar de Emergencia

En la región de Los Ríos, 60 mil 655 son los hogares potenciales beneficiarios de esta medida del Gobierno.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Ann Hunter, informó que a partir de la entrada en vigencia del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, el Gobierno decidió ampliar los plazos de apelación y postulación para que este beneficio, que busca complementar los actuales ingresos de los hogares afectados durante la pandemia, llegue a más familias.

En esa línea, la autoridad precisó que las personas que postularon al primer pago y su solicitud fue rechazada, hasta el 3 de julio pueden realizar la apelación en la página web www.ingresodeemergencia.cl, en el caso de que el resultado de la solicitud no refleje la situación actual de los ingresos económicos del hogar. Mientras que la postulación para el segundo pago, se extendió hasta el 9 de julio, en la misma plataforma.

“Con el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, que es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición, estamos apoyando a las familias que durante la crisis sanitaria están pasando momentos difíciles debido a la pérdida de su trabajo o a la merma de sus salarios. Esta es una de las medidas que ha impulsado el Presidente Sebastián Piñera para proteger los ingresos de los hogares”, sostuvo la seremi Ann Hunter.

Además, precisó que “con las modificaciones que se realizaron a esta iniciativa, entre ellas la extensión del beneficio al 80 por ciento más vulnerable de la población durante la emergencia, 60 mil 655 son los hogares potenciales que recibirán el IFE 2.0 en nuestra región de Los Ríos, de los cuales a más de 12 mil ya les llegó el segundo pago de forma automática y otro grupo importante que postuló, contará con estos recursos a partir del 10 de julio".

La autoridad recalcó que el beneficio está destinado a los hogares sin ingresos formales, con ingresos formales bajos, adultos mayores de 70 años que reciban la pensión básica solidaria y beneficiarios de la pensión básica solidaria de invalidez, los que deben contar con su Registro Social de Hogares.