Por Mario Guarda
Chile se encamina a un esperado plebiscito que decidirá el futuro constitucional del país. El próximo domingo 4 de septiembre, la ciudadanía a través del voto obligatorio elegirá entre dos opciones: Apruebo o Rechazo.
Ante este panorama, Grupo DiarioSur indagó en cuál sería el impacto de la posible nueva Carta Magna en el sur del país, en relación al Estado regional que entrega mayores atribuciones, fin del Senado y la aparición de la Cámara de las Regiones.
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, dice la propuesta constitucional en su primer artículo.
Así, el Estado regional queda mayormente descrito en el Artículo 7:
La propuesta constitucional establece tres figuras que organizan el territorio: regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas (Artículo 187).
Ante este panorama, Vladimir Riesco, abogado y docente de la UACh, ex candidato a convencional constituyente por la lista Apruebo Dignidad, se muestra positivo. “Claramente (la nueva Constitución) trata de rebarajar el naipe con la creación de una serie de autonomía territoriales”, asegura el abogado.
“Aporta en el sentido de reconocer formalmente estructuras regionales que tendrán autonomía financiera y autonomía administrativa, eso desde el punto de vista de la descentralización es un avance concreto”, agrega.
"La región va a tener facultades presupuestarias propias, para poder generar sus propios recursos”, enfatiza.
Una apreciación distinta tiene Francisco Orrego, abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, y asesor de la bancada de Vamos por Chile en la Convención Constitucional, quien no comulga con lo propuesto.
“Es una mala copia de un Estado Federal la figura que se está implementando, que es un Estado Regional”, opina. “Estamos hablando de autonomías regionales que no sabemos cómo van a funcionar en la práctica, que generan un alto impacto para el Estado”, agrega.
El abogado de Libertad y Desarrollo apunta a que el Estado “ya no va a tener carácter de un Estado unitario”.
“Vamos a pasar a un Estado de carácter regional que convive dentro de una unidad, eso es muy raro”, asegura Orrego.
En ese sentido, Riesco reconoce que observa un riesgo potencial a la hora de implementar estas nuevas figuras territoriales autónomas al no tener aún la certeza de cómo se sustentarán, aunque matiza en sus perspectivas.
“Hay una proliferación de nuevas entidades descritas con lujo de detalles en el texto constitucional en cuanto a sus facultades y atributos, y vamos a ver si son operativas”, indica el académico, agregando que su creación podría verse dificultada.
La propuesta constitucional permite que gobiernos regionales y locales puedan emitir deuda, según las disposiciones legales que se crearían en un futuro para su regulación.
Orrego insiste en que hay ciertas atribuciones de las regiones y comunas autónomas que le preocupan, respecto a los límites que estas facultades tendrán.
“Como el cobro de contribuciones y tasas a nivel local, o la generación de empresas a nivel local y regional, y también lo que dice relación con poder endeudarse”, detalla.
Las inquietudes de Orrego y Riesco son parte de un debate nacional que tiene como protagonista, entre otras cosas, a las consideraciones que incluye la propuesta sobre el Estado regional.
Así quedó reflejado en una carta del ex presidente Ricardo Lagos, donde expresó que de triunfar el apruebo habría que “corregir el diseño del Estado Regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional”.
En este plano, Orrego menciona que lo preocupante es que la autonomía "pueda verse afectada por gobiernos transitorios que la mal utilicen, y eso va a tener que implicar necesariamente un rescate por parte del Estado”.
El abogado plantea el caso hipotético de que una región autónoma se sobreendeude y no sea capaz de pagar, teniendo que acudir a los fondos del Estado, al que enfatiza, le faltarán atribuciones.
“El Estado no va a tener ningún tipo de control sobre la deuda que se emita por estos gobiernos regionales”, subraya.
Desde la otra vereda, Riesco asegura que la posibilidad de emitir deuda tendrá “ciertos criterios”.
“Por ejemplo, se indica que este endeudamiento no puede ser asumido en periodo electoral, no se pueden destinar a gastos de remuneraciones, sino que está planteado como la posibilidad de buscar créditos para desarrollo de infraestructura pública y social”, puntualiza.
El abogado plantea que esta facultad de una región o comuna autónoma se trata de una vía de financiamiento para dichos territorios.
Sin embargo, Riesco reconoce que “podría haber un riesgo de sobreendeudamiento”, y como consecuencia las comunas podrían quebrar, aunque pone paños fríos sugiriendo que habrá control sobre la facultad de deuda.
“El proceso de endeudamiento es un proceso manejado, ya sea por empresas autónomas del Estado, o bien por el Estado de Chile”, asevera Riesco.
Quien ve con buenos ojos esta propuesta es Carla Amtmann, alcaldesa de Valdivia, pues explica que en las condiciones actuales la gestión municipal solo puede mirar el futuro a corto plazo, lo que cambiaría con esta nueva atribución.
“Con un endeudamiento responsable y fortaleciendo nuestra institucionalidad, nos permitiría mejorar las condiciones estructurales de nuestros territorios, que es precisamente lo que la ciudadanía espera de sus gobiernos locales”, asegura Amtmann.
El senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti, expresa que estas son normas innovadoras, pero que necesitan ser acompañadas de responsabilidad fiscal junto con “capacidades de control en caso de una mala aplicación”.
“Y también tenemos que generar una igualdad entre las distintas regiones, una capacidad mínima, tenemos demasiados desequilibrios entre grandes regiones, con regiones disminuidas en materia de población y recaudación fiscal”, concluye.
La propuesta constitucional entrega la atribución a regiones y comuna autónomas para crear empresas, tal como lo expresan los artículos 214 y en la enumeración de responsabilidades y facultades del número 220, letra e).
Para Orrego resulta preocupante esta facultad, pues explica que elimina un principio que está establecido en la Constitución vigente, “la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica”.
Esto, según el abogado de Libertad y Desarrollo, afectaría a la libre competencia, pues no habría igualdad de condiciones. “Se pueden establecer discriminaciones sin sustento en favor de empresas de carácter local, estatal, municipal”, sostiene.
Y ejemplifica señalando a las farmacias populares, que no representan amenaza alguna para cadenas de farmacias. “Pero una pequeña farmacia comunal si se preocupa, porque es imposible para un privado competir en igualdad de condiciones con la billetera del Estado”, puntualiza.
De todas formas, Orrego reconoce que las comunas sí ganarían mayor protagonismo. “Si, las comunas ganan, se consagra a nivel constitucional su autonomía y se establecen una serie de atribuciones respecto de sus funciones”, reconoce.
Vladimir Riesco en tanto, opina que no habría tanto cambio comunal. “Yo veo que lo que se fortalece son las regiones, los municipios quedan bastante parecidos”, afirma.
La propuesta de nueva Constitución pone fin al Senado y consagra el Congreso de Diputadas y Diputados, así como la Cámara de las Regiones.
“En Chile siempre el Senado ha cumplido una función retardataria de las transformaciones y de la agilidad en los procesos legislativos, ahora la existencia de un Congreso Unicameral Atenuado y una Cámara de las Regiones ayuda a crear esos procesos legislativos”, afirma Riesco.
Y agrega que la Cámara de las Regiones sería una especie de “mini Senado”, con una serie de facultades. “Tendrá una cantidad equitativa de miembros sin importar la representatividad en cuanto a la población que tengan las regiones”, afirma.
Contraria es la opinión de Francisco Orrego, quien indica que se pierde el sistema de pesos y contrapesos, argumentando que se concentrará el poder político en el Congreso de Diputados.
"Vamos a perder la posibilidad de tener una segunda cámara, que es una cámara revisora, una cámara que ayuda en el ejercicio co-legislativo, que también pueda ejercer el sistema de pesos”, explica.
Tampoco concuerda con que la Cámara de las Regiones tendría similitudes con el Senado. “No va a tener las mismas atribuciones que el Senado, no es lo mismo, no van a sesionar de forma conjunta”, precisa.
Asegura que un Presidente con mayoría en el Congreso va a poder gobernar sin contrapeso. “Y en la medida que no tenga mayoría, no va a tener la posibilidad de gobernar”, enfatiza Orrego.
Distanciándose, Riesco comenta que “la crítica a esta reforma responde a una defensa corporativa de intereses”, y que contar con solo una Cámara no es un debilitamiento del sistema político.
“Ojo, que hemos tenido problemas de funcionamiento del sistema político con un Congreso bicameral, así que yo creo que esos temores son un poco infundados”, alega.
La diputada por Los Ríos, Ana María Bravo, defiende esta nueva configuración. “Al establecer esta Cámara de las Regiones también existiría una suerte de bicameralismo, que permite también asegurar la gobernabilidad”, asegura.
A modo de conclusión, Riesco explica que la propuesta constitucional “es un tremendo avance para el país”.
“En general el proyecto constitucional es más democrático, más participativo. La Convención Constitucional con todas sus críticas es el espacio más democrático logrado en la historia de Chile para elaborar un texto constitucional”, afirma.
Desde la otra vereda, Francisco Orrego califica la propuesta como un “fracaso'' y asegura que si gana el Apruebo el texto debe ser abordado por los parlamentarios.
“Habiendo fracasado a mi parecer el proceso constituyente en su conjunto, lo que nos merecemos como país es una segunda oportunidad y que esa oportunidad se de en el Congreso”, concluye.
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel